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Periodismo en emergencia por intento de “ley mordaza”

 Rechazo gremial.
La Asociación Nacional de la Prensa rechaza la norma y la califica como “un nuevo intento de censura al trabajo periodístico” • Lucio Gómez, Leoncio Jancko Quispe, Manuel Mamani Quispe y Nora Fernández Rodríguez son los parlamentarios del MAS que presentaron propuesta que vulnera la CPE y el “secreto de fuente” de la Ley de Imprenta
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se declararon en estado de emergencia por el proyecto de ley de “información responsable”, que presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuatro legisladores del oficialismo, para tratar de sancionar por la vía penal, civil y administrativa a los altos ejecutivos de los medios de comunicación, por la presunta difusión de información que “dañe la dignidad, prestigio y credibilidad de las personas”.
“Frente a este intento de vulnerar la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta de 1925, las organizaciones de prensa del país, nos declaramos en estado de emergencia y rechazamos rotundamente este atentado contra el periodismo boliviano”, informaron ambas organizaciones, mediante comunicados públicos.
Cuatro parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), Lucio Gómez, Leoncio Jancko Quispe, Manuel Mamani Quispe y Nora Fernández Rodríguez, presentaron al Legislativo la propuesta, según las entidades de la prensa del país, la cual serviría para controlar la información, mediante su regulación y sometimiento a penalidades, a la vez que desconocer totalmente a los tribunales de imprenta y la misma Ley de Imprenta y de la Ley Suprema.
“Al parecer, los proponentes de esta norma desconocen la autorregulación, garantizada por la Constitución Política del Estado y en su Exposición de Motivos parten de una serie de prejuicios contra periodistas y medios de comunicación acusándoles, sin pruebas, de incurrir en manipulación, corrupción en las salas de redacción, pago ilegal a periodistas, regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o uso indebido de influencias”, manifestaron las entidades del gremio.
Otra de las observaciones sobre este proyecto de ley es que el mismo desconoce el carácter analítico e interpretativo de la labor periodística, porque propone que “toda información producida, obtenida de manera lícita debe ser publicada sin modificación alguna”.
Por tanto, “este proyecto de ley constituye la reedición de la Ley Mordaza, impulsada en 1987 por militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN), con la finalidad de eliminar la Ley de Imprenta, que data de 1925.
En ese sentido, la nueva ‘ley mordaza’ pretende anular la constitucionalidad del periodismo de opinión y de interpretación”, alertaron las indicadas organizaciones periodísticas.
“Denunciamos que el artículo 5 del anteproyecto ‘Ley de Información Responsable’ expresa: “los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados, atenta contra los intereses de los periodistas”, reza parte del comunicado de las dos entidades.
Asimismo, se alerta que esta propuesta del oficialismo pretende anular el artículo 8 de la Ley de Imprenta, que dice: “El secreto en materia de imprenta es inviolable”.
ANP
En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marcelo Miralles, a través de un comunicado, calificó el proyecto de ley como “un intento de censura al trabajo periodístico”, y un atropello a la Constitución Política del Estado, a la Ley de Imprenta y a los tribunales de ética de las organizaciones periodísticas.
“La ANP lamenta que los legisladores proyectistas desconozcan los alcances de las normas en vigencia, que legislan sobre los derechos de los lectores y el trabajo informativo, por lo que rechaza las insinuaciones y generalizaciones que atribuyen al trabajo de periodistas y ejecutivos de medios masivos las equivocadas acciones de manipulación, especulación y desinformación”, dijo Miralles.
El Presidente de la ANP agregó que la entidad “reafirma su firme defensa de la libertad de expresión y la Constitución, que señala con absoluta claridad la inviolabilidad de los derechos, y recuerda que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, según expresa el Artículo 13 de la Carta Magna”.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Prensa de La Paz declararon en “ESTADO DE EMERGENCIA” a sus afiliados, con un rechazo rotundo a “este atentado contra el periodismo boliviano”.
GOBIERNO DESCONOCE
Al respecto, la ministra de Comunicación, Gisela Lopez, mediante su cuenta en Tuiter, @giselalopez68, aseguró la noche de ayer que desconoce ese proyecto de ley y aseguró que apuesta por la autorregulación en los medios.
“Siempre aposté y seguiré haciéndolo a la autorregulación en los medios de comunicación. Cualquier iniciativa legislativa relacionada a las comunicaciones debe ser debatida con el gremio en sus diferentes organizaciones. Desconozco proyecto de ley de la información responsable”, escribió la autoridad.
En tanto, la Dirección de Prensa de la Cámara de Diputados, mediante otro comunicado, afirmó que el “proyecto de ley de La Información responsable es una propuesta presentada por tres diputados, como otras centenas de proyectos que se presentan en cada gestión y que pueden tener informe negativo o positivo de la Comisión correspondiente”.
Asimismo, el comunicado niega que este proyecto sea una iniciativa de la bancada del MAS y tampoco fue enviado por el Ejecutivo.

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